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Malasia acepta poner fin a la pena de muerte
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Nota publicada el 11 de octubre del 2018

Kuala Lumpur.- El gobierno de Malasia aceptó derogar la pena capital en el país, donde un total de mil 267 prisioneros están hoy en el corredor de la muerte por cargos de asesinato, secuestro, posesión de armas de fuego y tráfico de drogas, entre otros delitos.

“El gabinete federal ha resuelto poner fin a la pena de muerte”, reveló ministro de Comunicaciones y Multimedia, Gobind Singh Deo, en una conferencia de prensa este jueves, tras participar en un foro de emprendedores empresariales, organizado por el sitio informativo Malaysiakini.

Gobind explicó que la derogación fue acordada luego de que el gabinete decidió suspender la Ley de Sedición, altamente aplicada por el gobierno del ex primer ministro Najib Razak para reprimir la disidencia, después de escándalo sobre el fraude millonario al fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

El ministro dijo que se espera que los proyectos para derogar, tanto la Ley de Sedición, como la pena de muerte, se presenten ante el Parlamento en su reunión del lunes próximo, según un reporte de la edición electrónica del diario The Malay Mail.

La suspensión de la Ley de Sedición, que data de la época de la Colonia británica, es parte de las promesas del primer ministro, Mahathir Mohamad, durante su campaña electoral de las elecciones generales de mayo pasado, de derogar las leyes opresivas y combatir la corrupción.

El ministro de Comunicaciones y Multimedia dijo que la decisión del gabinete será comunicada al fiscal general Tommy Thomas para su acción inmediata, a fin de que a más tardar a fin de año quedé abolida de manera oficial.

Actualmente, un total de mil 267 prisioneros están en el corredor de la muerte por cargos de asesinato, secuestro, posesión de armas de fuego y tráfico de drogas, entre otros delitos, y en espera que se lleva a cabo su ejecución, mediante el ahorcamiento.

La moratoria sobre la pena de muerte salvaría, entre otros prisioneros a Siti Aisyah y Doan Thi Huong, las dos mujeres acusadas del asesinato de Kim Jong-nam, medio hermano del líder norcoreano Kim Jong-un, ocurrido en febrero pasado en el aeropuerto de Kuala Lumpur.

Así como la australiana Maria Elvira Pinto Exposto, quien fue declarada culpable de tráfico de drogas por una corte de apelaciones en mayo, tras ser detenida en 2014 en posesión de un kilogramo de metanfetamina, mientras pasaba por Kuala Lumpur en un vuelo de Shanghai a Melbourne.

La decisión del gobierno malayo de abolir la pena capital fue bien recibida con bueno ojos por defensores de los derechos, que luchaban por ponerle fin, considerando que la muerte no disuadía a los delincuentes de delitos violentos o relacionados con las drogas.

“La pena de muerte es bárbara e inimaginablemente cruel”, destacó N. Surendran, asesor del grupo defensor de los derechos humanos “Abogados por la Libertad”, en un comunicado.

En abril del año pasado, Amnistía Internacional (AI) clasificó a Malasia en el décimo lugar en el uso de la pena de muerte entre los 23 países que ejecutaron la condenas en 2016, con 35 personas ahorcadas.

De acuerdo con su informe del mes pasado sobre la pena capital en 2017, un total de 993 ejecuciones se llevaron a cabo en 2017 en 23 países, siendo China, Irán, Arabia Saudita, Irak y Pakistán, en ese orden, los “principales verdugos del mundo”.

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