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INEE presenta denuncia por acuerdos para entrega de plazas magisteriales
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Nota publicada el 3 de julio del 2018

México.- El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) presentó una denuncia contra el gobierno de Chiapas, por la publicación de convocatorias para asignar plazas magisteriales fuera de la ley.

El organismo autónomo destacó que tiene conocimiento de que el gobierno de esa entidad suscribió acuerdos con representantes sindicales, que podrían encontrarse fuera del marco de la ley, como lo dieron a conocer los medios de comunicación el 23 y 28 de junio del presente año.

Por ello, expuso, el 29 de junio solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) que lleve a cabo las diligencias e investigaciones correspondientes y, en su caso, el deslinde de responsabilidades de quien resulte responsable.

En un comunicado, advirtió que hechos de este tipo trasgreden lo dispuesto en el Artículo 3 de la Constitución mexicana, y las leyes General de Educación, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio Profesional Docente, que los servidores públicos están obligados a preservar.

Destacó que la denuncia presentada hace del conocimiento de la autoridad ministerial que la respuesta que dio la Secretaría de Educación del estado de Chiapas al INEE evidencia diversas inconsistencias en el esquema de selección para cubrir de forma provisional las vacantes.

El INEE recordó que el 25 de abril pasado dio a conocer que el secretario de Educación de Chiapas, Eduardo Campos Martínez, presuntamente suscribió un “Acuerdo Político” con el secretario general de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Pedro Gómez Bamaca.

Este acuerdo, signado el 24 de marzo del presente año, en materia del Servicio Profesional Docente, contraviene las disposiciones legales establecidas, lo cual fue denunciado oportunamente por el INEE ante las instancias correspondientes, agregó.

El Instituto de Evalución Educativa puntualizó que con esta denuncia pretende garantizar la protección de los intereses de los alumnos, el respeto irrestricto a las garantías individuales y derechos humanos en materia de educación.

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